Allá en las trojes 68ª Edición

Los saludamos con gusto en este último lunes del mes de enero desde nuestra ya acostumbrada mesa, disfrutando de un delicioso puchero de res para calentar el cuerpo, acompañándolo de un buen tequila que ayude a combatir el frío que se siente en la capital moreliana para dar inicio a la semana con los más sobresaliente en la política del estado.

Al momento de escribir esta columna, vuelve a ponerse de manifiesto un profundo malestar que embarga a la sociedad michoacana. El cruel asesinato de Víctor Manuel Mújica Vega (37), Anayeli Hernández León (36) y su hija Megan Eileen (12) ha sacudido conciencias y generado una indignación legítima. Los esposos se desempeñaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en el Congreso del Estado y colaboraban, además, con el exdiputado local Víctor Zurita y diversas instituciones públicas. Eran, ante todo, defensores y promotores de los derechos de la comunidad sorda.

Desde todos los sectores se ha condenado el multihomicidio y se ha exigido una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, con enfoque de derechos humanos y sin descartar ninguna línea de investigación.

Sin embargo, en diversos medios de comunicación y plataformas digitales se han expresado severas críticas cargadas de sospecha y malestar hacia funcionarios e instituciones públicas responsables del manejo de este caso. El cuestionamiento central gira en torno a los días transcurridos entre la desaparición de la familia y el prolongado silencio institucional, hasta que la noche del jueves pasado las autoridades confirmaron oficialmente el asesinato. En redes sociales se señala que, pese a contar —según versiones difundidas— con elementos que evidenciaban el desenlace fatal desde el fin de semana anterior, no se emitieron los anuncios correspondientes de manera oportuna.

La pregunta que se repite en el espacio público es incómoda pero inevitable: ¿existió un cálculo político o comunicacional para retrasar la información y evitar que este hecho opacara la captura del delincuente apodado “El Botox” en Apatzingán? Una detención presentada como logro relevante por las autoridades de seguridad federales y regionales, resultado de una operación largamente planificada y sustentada en labores de inteligencia, y que fue ampliamente difundida como medalla institucional.

Ya hacia el cierre de esta columna, han comenzado a circular, por capítulos y a través de trascendidos no oficiales, versiones sobre la supuesta detención de una persona implicada en la muerte de Víctor Manuel Mújica Vega, Anayeli Hernández León y su hija Megan Eileen. Dichas versiones orientan el caso hacia un presunto conflicto familiar. No obstante, el escepticismo ciudadano vuelve a emerger: se cuestiona si no se está frente a la figura del “chivo expiatorio”, destinado a contener la indignación social y permitir que, con el inicio de la semana, el tema se diluya.

El recuerdo es inevitable. Algo similar ocurrió tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, cuando un joven fue detenido, expuesto al escarnio público y lanzado a las fauces de una opinión pública herida, para luego quedar sumido en el olvido luego de posteriores detenciones que orientaron las investigaciones hacia el entorno de seguridad de Carlos Manzo.

“Da miedo la administración e impartición de la seguridad y la justicia cuando se pintan de colores políticos”, se leía en el muro de uno de los muchos portales informativos que han abordado este caso con sentido crítico. Una frase que resume, con crudeza, el sentimiento de una sociedad cansada de la violencia.

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Marchan para exigir justicia

Mientras en Morelia la comunidad sorda marchaba en silencio, vestida de blanco y cargando velas en lugar de consignas, el contraste con la respuesta institucional resultaba ensordecedor. Frente a Palacio de Gobierno no hubo discursos oficiales que alcanzaran a cubrir la gravedad del agravio: una familia dedicada a la inclusión fue asesinada y, durante días, el Estado administró la información con la misma frialdad con la que suele administrar la justicia. La exigencia no fue estridente ni partidista; fue humana. Justicia expedita, verdad sin cálculo y garantías reales para quienes, como los intérpretes de Lengua de Señas, trabajan en espacios públicos sin protección ni respaldo, como si la vocación bastara para blindarlos de la violencia.

La marcha dejó una pregunta incómoda flotando sobre la cantera del poder: ¿Qué tan hondo debe ser el dolor para que el gobierno deje de reaccionar tarde y mal? Porque mientras las flores blancas se acumulaban frente al Palacio, la narrativa oficial parecía más preocupada por cerrar el expediente que por explicar el silencio, la tardanza y la desprotección estructural que

rodeó a Víctor, Anayeli y Megan. En Michoacán, incluso el duelo debe abrirse paso entre omisiones. Y cuando la justicia llega en voz baja —o por goteo—, lo que queda no es paz, sino la certeza de que la indiferencia también mata.

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Rebelión en la granja

En la mesa de los periodistas se comentaba, en días pasados y entre risas cómplices, que los animales del zoológico estarían por elevar una carta al Instituto Electoral de Michoacán. No por falta de alimento ni por problemas de hábitat, sino por la forma en que algunos actores políticos han decidido comportarse públicamente.

El comentario surgió a propósito del intercambio —o más bien del desencuentro— entre el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, y el exgobernador de Michoacán y actual legislador federal, Leonel Godoy Rangel. Ante los señalamientos lanzados en su contra, Godoy optó por la burla, el desdén y una estrategia de silencio selectivo que no pasó inadvertida en el escenario político estatal.

“León no caza ratón”. No sé a qué atribuir los constantes señalamientos, no me atrevería… simplemente digo que no me merece comentarios, ni siquiera voltearlo a ver”, remató Godoy al final de un encuentro con medios de comunicación.

Lejos de ignorar el desdén, Guillermo Valencia respondió con munición verbal gruesa. Calificó a Godoy Rangel como una “ratota” y, en tono irónico, como un “capibara con toga de doctor”, al tiempo que cuestionó que el legislador se ostente públicamente con un grado académico cuya legitimidad —según afirmó— es, cuando menos, dudosa.

Fue entonces cuando, entre sorbos de café y una copa de brandy, el periodista de cabello blanco y sonrisa socarrona remató la escena: “La carta del zoológico —dijo— no es por el intercambio de insultos, sino porque no debe pisotearse la dignidad de nuestra comunidad  Los animales somos señores serios”. Lo dijo en son de broma, alzando la copa, pero la mesa entendió el mensaje.

Porque si algo queda claro en esta rebelión en la granja, es que el problema no es la zoología política —que siempre ha existido—, sino la degradación del debate público cuando la estridencia sustituye a los argumentos y el insulto pretende ocupar el lugar de la política. Más tequila por favor.

Con esta copita de tequila nos despedimos por esta semana deseándoles que esta semana sea de mucho éxito para todos. Hasta la próxima.

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